Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron una ley que
modifica las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del
Ministerio Público para coordinar y unificar criterios en materia de
organización administrativa, presupuestaria y de gestión.
Los cambios fueron propuestos por la Jefatura de Gobierno y
analizados en la comisión legislativa de Justicia, que preside
Martín Ocampo (UCR), que emitió un despacho de mayoría, con
disidencias de Claudio Ferreño (jefe del bloque FdT). En el debate
correspondió a Ocampo la defensa y promoción de la iniciativa girada
por el Poder Ejecutivo, mietras que Lucía Cámpora (FdT) planteó los
cuestionamientos de la oposición. Se aprobó con 36 votos afirmativos
de VJ, UCR, Gen y PS y 21 en contra del FdT e izquierdas.
Los fundamentos de la norma aludieron al “fortalecimiento de la
gestión judicial y una administración austera de los recursos” y se
hizo hincapié “generar procesos más ágiles y transparentes,
propendiendo a la unificación presupuestaria, la implementación de
sistemas informatizados como el presupuestario, de expedientes
electrónicos, procesos de compras y contrataciones, designación de
personal y digitalización de documentos”.
La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial fue
sustituida por la Secretaría de Administración General y Presupuesto
del Poder Judicial, la que pasará a ejercer algunas de las funciones
administrativas que competen a la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial.
Se establece también que las competencias y facultades de
administración del Ministerio Público, en su conjunto, serán
ejercidas por esa nueva Secretaría, la que presidirá la Comisión de
Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público,
que se constituye en lugar de la actual Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atribuye al
Consejo de la Magistratura la función de proyectar y administrar el
presupuesto que la ley le asigne al Poder Judicial.
El Ministerio Público -también por mandato constitucional- tiene
autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial y se
divide en tres organismos: Ministerio Público Fiscal, Ministerio
Público de la Defensa y Asesoría Tutelar.
Además, por resolución unánime se avaló el decreto de necesidad y
urgencia número 6/2020 del jefe de Gobierno de la Ciudad, referido a
prórroga y suspensión transitoria de plazos y vencimientos de
licencias de taxis y verificaciones técnicas de esos vehículos del
servicio público de pasajeros.
Por iniciativa del diputado Sergio Abrevaya (GEN), la Legislatura
aprobó una declaración en la que solicita al Poder Ejecutivo que
gestione la excepción del cumplimiento del aislamiento social
preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular "a todas
las actividades con localización y alcance barrial y con el ingreso
de una persona ajena al comercio por vez, o domiciliaria sea o no de
fuerza mayor, relacionadas al mantenimiento o reparación en
general".
La iniciativa apunta a que vuelvan a funcionar los servicios
técnicos en el ámbito de la Ciudad y en sus fundamentos explica: "Un
gasista o un plomero, deben poder realizar su trabajo en el
mantenimiento de una vivienda. Lo mismo ocurre en el caso de una
computadora que requiere reparación, y que sin la misma desconecta a
la familia, aislándola aún más por esta circunstancia".
También se realizó un pedido para que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, solicite al Poder Ejecutivo
Nacional que arbitre los medios necesarios para que los usuarios y
consumidores puedan realizar la carga virtual de la tarjeta S.U.B.E.
mediante la aplicación creada para dicho fin, evitando el tener que
acudir a una terminal automática para la acreditación del saldo. La
iniciativa fue de la diputada Inés Gorbea (Ev).
Además, otra declaración impulsada por el diputado Gastón
Blanchetiere (VJ), sostiene que "La Legislatura vería con agrado que
el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, implementara
un plan de trabajo conjunto con la Universidad de Buenos Aires para
aunar esfuerzos en las investigaciones del uso de plasma de
pacientes recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos".
Finalmente se aprobó la designación como miembro propuesto por la
Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico a
Julieta Ascar, quien integrará el Consejo de Participación Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la Ley N°
6.026. El proyecto de resolución fue promovido por el diputado Diego
García Vilas (VJ).
