El 25% de las consultas tuvo que ver con inquilinos que terminan su
contrato y se les exige firmar uno nuevo, con aumentos entre el 50 y
el 100%.
El Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría informa que el
perfil de las demandas se modificó con respecto a semanas
anteriores: de las 620 consultas recibidas entre el 20 y el 30 de
abril, prácticamente la mitad estuvo vinculada a dificultades para
afrontar el pago y al incumplimiento del decreto que protege el
acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria.
Así, el 25% de las consultas tuvo que ver con inquilinos que
terminan su contrato y se les exige firmar uno nuevo, con aumentos
entre el 50 y el 100%, en violación a la prórroga por 180 días
establecida por el Decreto 320/20. Las denuncian evidencian que, en
algunos casos, se utiliza el decreto para proponerle al inquilino
que este aumento lo pague después del 1 de octubre. En otros, le
ofrecen seis meses de contrato (que es la prórroga que por derecho
puede tomar el inquilino) con un aumento superior al 30% y luego
“volver a conversar”.
Otro 20% de las consultas tuvo que ver con dificultades para pagar
el alquiler: inquilinos que pidieron préstamos para pagar abril, que
hicieron abonos parciales, o bien que sufrieron una caída de hasta
el 50% de sus ingresos o que directamente perdieron su trabajo y,
ante la imposibilidad de pago, piden a las inmobiliarias terminar
los contratos.
La negativa a bancarizar el alquiler (o con recargos de hasta el 21%
por hacerlo) y la retención indebida del depósito de garantía luego
de meses de reclamos, representaron el 14% de la demanda.
Un 12% estuvieron vinculadas al deterioro de los inmuebles
(arreglos, humedad, luz de obra, corte de gas).
El resto se refirieron a problemáticas tales como el pedido de
autorización para mudanza, consultas por imposibilidad de pago en
locaciones comerciales o profesionales sin actividad económica, el
valor de las expensas, y amenazas de desalojo por falta de pago en
pensiones, hoteles y residencias estudiantiles.