Con profundidad y lujo de detalles, el abogado constitucionalista
Eduardo Barcesat, se refirió en términos aprobatorios, a la
propuesta de reformar la Justicia, y nos aproximó al epicentro del
problema que aqueja a los Tribunales y motivan el proyecto del Poder
Ejecutivo para debatir en el Senado de la nación. A juicio del
letrado, en la actualidad, “el centro nodal del lawfare en la
Argentina es Comodoro Py”.
Al consultarle sobre su expresión en torno a “descomprimir el poder
perverso de Comodoro Py”, el experto aclaró:
“Me refería a que el centro nodal del lawfare en la Argentina, ha
sido precisamente los Tribunales en lo criminal y correccional, de
Comodoro Py a través de causas que fueron instruccionadas por el
Poder económico, y también por los servicios de inteligencia que han
condicionado la legalidad de las pruebas incorporadas a esos
expedientes penales; y eso- remarcó-, es una práctica que
desgraciadamente se ha extendido como continuidad de la doctrina de
la seguridad nacional en varios países del continente americano, y
nos lleva a reclamar que se pueda poner un término a este tipo de
actividades.
“Eso motiva el eje central de este primer tramo de la Reforma
Judicial, explica el experto jurista, que es incorporar jueces que
ya han asimilado que están actuando ahora en la órbita de la materia
económica y penal tributario, que son jueces federales también, para
que integren el Poder judicial federal penal venidero, y detalló: “
eso elevaría a 46 el número de juzgados sin que impliquen grandes
modificaciones presupuestarias, porque lo único que prevé es una
secretaría más en cada uno de esos tribunales, y se encargarían
específicamente de la materia que hasta hoy era exclusiva de
Comodoro Py.
“Esto es un mecanismo que me parece saludable, en cuanto a que
intervengan 46 jueces, pero hay que dejar claro, que estos 46 nuevos
tribunales no van a intervenir en las causas ya en trámite, sino en
las que ingresen a partir de la puesta en vigencia de la reforma
judicial.
“Lo otro que se modifica es el procedimiento que va a poner en
práctica lo que ya se había aprobado en diciembre de 2015,alcaró-,
que es un Código procesal penal, de formato acusatorio lo que
implica que serán los fiscales los que lleven a cargo las pruebas de
investigación, la incorporación de las denuncias y su tratamiento, y
los jueces pasaran a ser de garantía para asegurar que toda prueba
de cargo a o de defensa sea de legítima adquisición, no que el
estado se valga, por ejemplo de fotocopias de cuadernos quemados, o
declaraciones de arrepentidos sin las garantías que la ley establece
de soporte técnico de registro audiovisual. Esto es en lo que hace
al fuero federal Penal.
“Después vienen algunos reclamos de la abogacía en los fueros civil
y comercial federal, el contencioso administrativo federal, para
evitar esos eternos debates respecto de competencias, a quienes les
toca y los jueces peloteándose mientras el recamo está sin
tratamiento.
“La incorporación de los Juicios por Jurado- supongo, estimó
Barcesat-, que va a llevar un tiempo más de instrumentación porque
requiere estructura edilicia apropiada, no sé si caso de aprobarse
la ley, porque todo es un proyecto enviado al Congreso para su
tratamiento y entrada en vigencia.
“Después quedan dos temas para lo futuro que es funcionalidad y
número de miembros de la Corte y la actividad del consejo de la
magistratura del Poder judicial de la nación. Será materia de que
los consejeros dictaminen y el poder ejecutivo envíe proyecto.
Finalmente el Dr. Barcesat se refirió al incremento del número de
miembros y dijo : “Esto no me parece adecuado ya tuvimos una
experiencia de pasaje de 5 a 9 ministros de la Corte bajo el
gobierno de Menem y no resultó en ninguna mejora de justicia, ni
hizo más rápido todo, al contrario ayudó a construir una mayoría
automática.
“Lo que sí me parece adecuado es que se incremente el número en Sala
para tratar la justicia social, penal tributaria y una sala que
atienda exclusivamente el control de constitucionalidad y de
convencionalidad, es decir, tratados internacionales de DD.HH. Así
agilizarían trámites y dar mayor seguridad en cuanto a idoneidad de
los procesamientos.
¿Se puede hacer una reforma judicial con la justicia que tenemos?
“Creo que sí se puede hacer y diría categóricamente que se debe
hacer, especialmente me baso en los pro que nos pongan los
considerando de las normas, que se van a someter en el Congreso de
la nación, y recordó “Hay una resolución número 1 del 2020 de la
Comisión interamericana de DD.HH a propósito de la pandemia y del
estado de derechos, que habla específicamente de la necesidad de la
operatividad del Poder legislativo y especialmente del poder
judicial de la nación para garantizar los bienes jurídicos, conforme
esta resolución que son: la vida, la salud y la integridad de las
personas. Una resolución de 23 carillas.
“ En su parte resolutiva,-añadió-,existe la plenitud de obrar de un
poder judicial que pueda dar garantías de efectividad al conjunto de
los derechos, no solo libertades civiles y políticas, sino también
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. De manera
que en plena pandemia, el órgano integrado por notables expertos,
está precisamente en esta exigencia de mejorar tanto la labor
legislativa, como la calidad del poder judicial de la
nación”-concluyó el Dr. Barcesat, también notable defensor de los
Derechos Humanos.