La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una
resolución por la cual se pide informe al ejecutivo local respecto
del accionar de la Policía en los incidentes con
activistas sindicales ocurridos en la línea H del Subte.
Fue resuelto por amplia mayoría de los diputados porteños y refiere
al accionar de la Policía de la Ciudad. Con 46 votos positivos de
los bloques Vamos Juntos, Suma +, Peronista, Partido Socialista y
Gen; y 13 votos negativos de Unidad Ciudadana y diputados de
izquierda
El texto aprobado fue propuesto sobre tablas y en el recinto por el
diputado Eduardo Petrini y se impuso en la votación respecto de
otras iniciativas presentadas. Las propuestas de la oposición que no
prosperaron incluían declaraciones de repudio a la actuación
policial y a las sanciones a trabajadores que hicieron medidas de
fuerza, otros textos de solicitud de informes y un pedido de
citación al parlamento local al ministro de Justicia y Seguridad,
Martín Ocampo.
La resolución votada en general por casi unanimidad y en particular
por más de tres cuartos de los diputados presentes solicita al Poder
Ejecutivo de la CABA que, en el término de 30 días, informe a la
Legislatura "qué organismo emitió la orden de intervención
policial", el pasado martes 22 en la estación Las Heras de la línea
H del transporte público subterráneo; también se requieren datos
sobre cantidad de efectivos y móviles afectados al operativo y
"detalles de procedimientos, horarios, detenciones producidas y
cualquier otro detalle que se considere de importancia".
Al tratarse la cuestión, sobre tablas, se puso a consideración un
pedido de informe presentado por Carlos Tomada, presidente del
bloque opositor Unidad Ciudadana. La iniciativa fue aprobada, en
general, por 57 votos afirmativos y 2 abstenciones(AyL). Al momento
de la votación en particular, se impuso por cantidad de votos (46 a
13) el texto propuesto por Vamos Juntos, que fue rechazado por la
bancada kirchnerista y los legisladores de izquierda pero avalado
por el PRO, sus aliados y el resto del cuerpo parlamentario.
Luego se inició un extenso debate, con la participación de varios
legisladores y la expectante presencia en las gradas de trabajadores
de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro -AGTSyP-,
conocidos como Metrodelegados.
Todo comenzó con intervenciones críticas a la gestión que desarrolla
la concesionaria Metrovías por parte de los legisladores Fernando
Vilardo (AyL), Gabriel Solano (FIT) y Patricio del Corro (PTS-FI).
Ariel Álvarez Palma (VJ) respondió que "lo que pasó (el martes)
estuvo al margen de la ley, lo dice el Código Penal" y aclaró que
"la interrupción por la fuerza de un servicios público no es solo
una huelga".
Tomada, a su turno, describió el contexto de políticas de ajuste
sobre el salario, el empleo y la seguridad social y replicó que "acá
hay un conflicto, que se debe resolver y el que no lo hace es el
Gobierno de la Ciudad que tiene que sentarse a dialogar. Gobernar es
solucionar conflictos", sentenció. El ex ministro nacional de
Trabajo entre 2003 y 2015 comentó los motivos de por qué le dio, al
final de su gestión, la personería gremial a los "metrodelegados", y
enfatizó que "esa no es la cuestión", haciendo hincapié en el
conflicto irresuelto y en "la necesidad de escuchar a los
trabajadores".
Estas explicaciones generaron una reacción de Daniel Presti (VJ),
quien hizo la tipificación de todos los delitos en que se habría
incurrido y exclamó: "Qué nos vienen a hablar de represión,
represión era la de los milicos. El personal policial tiene la
obligación de intervenir y hacer cesar a los que estén cometiendo in
fraganti delitos". También reclamó a los trabajadores "que cumplan
la ley, que hablen menos y trabajen más, que no tomen de rehenes a
los usuarios del subte y que no hagan abuso de derecho". En similar
sentido se manifestó su par Diego García Vilas (VJ).
Santiago Roberto (BP), seguidamente, tomó la palabra para "repudiar
la represión de los trabajadores del Subte que fueron golpeados y
detenidos por ejercer su derecho de huelga". Y desde el oficialismo
Hernán Reyes (VJ) tras esbozar una argumentación jurídica, refutó:
"Con personería sindical o sin ella, no se pueden cortar las vías
porque es un delito". Además, expuso la necesidad de reformular la
ley de asociaciones sindicales a la que calificó como "muy
restrictiva y excluyente".
Poco antes el socialista Roy Cortina había señalado que "el gobierno
local y nacional equivocan el análisis político, hay una grave
incomprensión de la vida real y por tanto un diagnóstico
equivocado".
Finalmente, el radical Juan Nosiglia (Suma+) dijo que lo sucedido
"era previsible, en la larga lista de desaciertos del Gobierno de la
Ciudad", a quien le propuso que convoque a "una mesa de diálogo"
donde estén representados todos los sectores.
Sobre las obras en línea D
Por otra parte, a instancias de Sergio Abrevaya (Gen), se aprobó una
resolución para que el Poder Ejecutivo informe, "a través de los
organismos correspondientes, sobre el estado de situación de la obra
Licitación Pública N° 145/11 Línea D - Prolongación Cochera Taller
Congreso de Tucumán Sector 4".