La Legislatura avaló un acuerdo sin grandes definiciones, entre el
Gobierno metropolitano y el Ministerio de Justicia nacional, para
desalojar el último establecimiento penal que existe en la Ciudad de
Buenos Aires.
Por iniciativa del oficialismo, los diputados porteños aprobaron hoy
un convenio entre la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a
los efectos de mudar la cárcel de Villa Devoto (Comuna 11) y
permitir emprendimientos inmobiliarios en sus actuales terrenos.
El entendimiento fue firmado el 12 de marzo último por el jefe de
Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro nacional
Germán Garavano y el presidente AABE, Ramón Lanús. El proyecto del
Poder Ejecutivo impulsado por el diputado Francisco Quintana obtuvo
despacho de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, que
conduce Juan Nosiglia.
Se estipula desafectar el Complejo Penitenciario Federal de calle
Bermúdez al 2600, que totaliza unas 4,7 hectáreas en Devoto, para lo
cual previamente se construirá una nueva cárcel (en un lugar que el
convenio no especifica) cuyo costo será solventado por la CABA.
Una vez desalojada la unidad penitenciaria y trasladados los
internos y el personal al nuevo establecimiento, la Legislatura
dispondría la rezonificación de esos inmuebles para autorizar
emprendimientos urbanísticos.
El convenio marco tiene "el objeto de establecer acciones conjuntas
y coordinadas" entre Nación y Ciudad, según sus competencias. Por
empezar, el Gobierno de la CABA construirá para el MJDH un nuevo
Complejo Penitenciario "bajo las condiciones y especificaciones que
las partes acuerden". Luego, se producirá el traslado de todos los
servicios del SPF a la nueva cárcel, tras lo cual se legislará la
rezonificación de los terrenos liberados y la venta del inmueble.
Tal como se hizo con otros inmuebles nacionales transferidos a la
Ciudad, el 35 por ciento del suelo se utiliza para construcción de
edificios y 65 para espacio público, tal como anunció el jefe de
Gobierno aunque esos detalles no figuran ni en el convenio ni en la
ley votada hoy por los legisladores.
"Una vez que el inmueble del Complejo Devoto se encuentre
desocupado, desafectado de los servicios del SPF y se encuentre
rezonificado, se podrá proceder a su venta mediante las
autorizaciones pertinentes y de acuerdo a las normas vigentes, a
cuyo fin tomará la participación que le compete la AABE", consigna
la cláusula quinta del compromiso bilateral. Las especificaciones y
condiciones se fijarán en posteriores actas entre las partes, que
serán representadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte (por la Ciudad) y la Subsecretaría de Asuntos
Penitenciarios (por la Nación).
La aprobación fue con 37 votos positivos de Vamos Juntos, Partido
Socialista y Mejor Ciudad; la abstención de 14 legisladores de
Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Suma+ y Gen y la oposición de 5
diputados del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad.
En el recinto, todos los diputados manifestaron estar de acuerdo con
el traslado de la cárcel por razones humanitarias y urbanísticas,
pero desde la oposición hubo también coincidencia en criticar la
falta de precisiones respecto de los detalles no especificados en el
Convenio Marco con la Nación y sobre el destino que se le darán a
los terrenos, una vez desalojados.
El vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos
Interjurisdiccionales, Fernando Yuan, como miembro informante
manifestó que "la resolución responde a un reclamo de más de 40 años
de la Comuna 11. La convivencia con un penal es insostenible",
enfatizó. Por otra parte confió en que "dará más seguridad al barrio
y la creación de otro espacio verde y mejorará la calidad de vida de
los vecinos".
Leandro Halperín dijo que “nadie puede disentir, no es lindo tener
una cárcel cerca”, pero destacó que “se esconden muchas
incertidumbres” sobre el acuerdo interjurisdiccional. Recordó que en
la Ciudad está asumiendo responsabilidades penales traspasadas desde
el ámbito federal “y si vamos a tener nuestro propio sistema de
justicia, también se necesita un lugar para alojar a los
sentenciados”, acotó, por lo que seguidamente llamó a definir una
política penitenciaria porteña y exhortó “al Poder Ejecutivo que
convoque al diálogo para definir esas políticas”.
Paula Penacca habló en nombre de su bancada y afirmó que “este tipo
de convenios son un cheque en blanco”, insistió en que “faltan
muchísimas especificaciones” y protestó que “una vez más volvemos a
enterarnos por los medios de cosas que deberíamos saber por la vía
oficial. En los papeles, está todo vacío; no sabemos dónde se va a
hacer la nueva cárcel, cuál será la inversión, cómo será el
recupero”, enumeró. También planteó preservar un “sitio para la
memoria” (por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el lugar).
Consignó que “el 62% de los presos de Devoto están a disposición de
la justicia de la Ciudad”, por lo que llamó a atender lo relativo al
traslado de esos internos a lugares lejanos.
Santiago Roberto enfatizó que “el convenio no dice nada de lo que
plantean los funcionarios y esto se reitera con otros temas”.
Explicó que su bloque “siempre acompaña a los vecinos y el traslado
de la cárcel es un reclamo de todos los vecinos de Devoto” pero se
excusó de votar favorablemente por la falta de información oficial.
Roy Cortina respondió desde su banca a las críticas contra el
oficialismo y aseveró que la mudanza de la unidad penitenciaria “es
un anhelo casi unánime de los 70 mil vecinos de Devoto. Esto
significa un avance, más allá de los detalles y las críticas”,
puntualizó. Luego de explicar que lo que estaba en consideración era
“un convenio marco, al que luego se sumarán convenios
complementarios”, pidió a la oposición votar afirmativamente el
traslado de la cárcel“ y después vamos a dar la pelea para que los
terrenos se zonifiquen como Urbanización Parque, con espacio
preferencial para los niños, preservando la memoria y teniendo en
cuenta lo que opinan los vecinos”.
Sergio Abrevaya adhirió a la relocalización penitenciaria pero
anticipó su abstención porque “las tierras de la Nación deberían
pasar a la Ciudad y la Ciudad debería definir su destino, pero el
convenio lo hace al revés. Decimos sí al traslado pero no a la venta
que define la Nación”, remarcó.
Desde la izquierda, Fernando Vilardo y Gabriel Solano argumentaron
la oposición de 5 diputados, fustigando la situación carcelaria
“violatoria de los derechos humanos” y la venta de terrenos fiscales
“con un cheque en blanco para hacer negocios inmobiliarios". Vilardo
también opinó que “no se aclara nada” en el convenio y Solano habló
de “falta de seriedad, inconsulta con los vecinos de donde se dice
que iría el penal (por Marcos Paz)” e ironizó que “van a hacer como
con la basura: van a tirar los internos en el Conurbano”.
Marcelo Depierro votó a favor, a diferencia de su interbloque
Evolución que se abstuvo, pero sumó sus quejas “a la falta de
especificaciones; queda todo al libre albedrío de los funcionarios.
No se sabe cuál será el costo para la Ciudad, se dice que 70
millones, otros dicen 130 millones. El Poder Ejecutivo debe
explicitar cuáles son los compromisos que asumimos”, exigió.
Sobre el final de las deliberaciones, Santiago Romero recordó que en
1995 hubo un decreto del Presidente Carlos Menem para radicar los
presos de Caseros y Devoto en las nuevas unidades penales de Ezeiza
y Marcos Paz; luego, en 2011, la entonces Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner también dictó un decreto de erradicación, que
tampoco se cumplió.
“Yo celebro que ahora se haya hecho un convenio marco entre la
Ciudad y la Nación y no un decreto presidencial porque esto permite
discutir los detalles. Esto es un reclamo de más de 40 años de los
vecinos de Devoto y está garantizado que el 65% de los terrenos se
destinarán a espacio público”, enfatizó el legislador oficialista
antes de pasar a la votación.
Breve historia de la cárcel
Con distintos nombres oficiales, la cárcel de Devoto funciona desde
el año 1927 en la manzana delimitada por Lozano, Bermúdez, Nogoyá y
Desaguadero, sobre terrenos pertenecientes al Estado nacional. Tiene
oficialmente una capacidad para alojar 1754 personas del sexo
masculino. Su domicilio legal es Bermúdez 2651.
Sobre un terreno donado por la familia Visillac, funcionó primero
como una dependencia de la Policía y luego pasó a depender del
Servicio Penitenciario Federal. En su historia fue noticia por
varias revueltas, incendios o motines o fugas resonantes.
El 25 de mayo de 1973, después de que Héctor Cámpora asumiera como
presidente de la Nación, los portones y rejas del penal fueron
abiertos por la presión de decenas de miles de manifestantes
peronistas y de organizaciones izquierdistas que fueron a liberar a
los presos políticos. En la ocasión, aprovecharon para fugarse
muchos condenados por delitos comunes
En la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, se usaron sus
dependencias como centro clandestino de detención y, al respecto,
hubo denuncias de torturas, asesinatos y desaparición forzada de
personas.
El más cruento de los sucesos ocurrió en el pabellón séptimo, en
1978, donde se dijo que murieron 65 presos quemados, asfixiados y
baleados. Hubo también activistas políticos, sindicales y
estudiantiles detenidos al principio de los años 70.
Por sus pabellones desfilaron míticos personajes del hampa, como el
padre del clan Puccio, Arquímedes, y uno de sus hijos; el asesino
serial Carlos Robledo Puch; los parricidas hermanos Schoklender; los
mega asaltantes Luis "El Gordo" Valor y "La Garza" Sosa, entre
otros.