En un comunicado la Asamblea de PYMEs lamentó el veto del Presidente
Macri. La entidad participó en los debates previos y había expresado
su aval al Proyecto de Ley ante los legisladores de ambas Cámaras.
Recientemente, ante las declaraciones del Ministro Cabrera en cuanto
a que los aumentos de tarifas no impactan en las Pymes, la entidad
observó que, por el contrario, el abusivo cuadro tarifario fue el
detonante que terminó de liquidar a miles de empresas de menor
tamaño, que dependen del mercado interno y no son subsidiarias de
grandes corporaciones.
“Hoy las Pymes sufren una combinación letal que empeora día a día:
incrementos de precios en combustibles, transporte, comunicaciones e
insumos difundidos; una tasa de interés de referencia que se
confirma en 40% (con tasas de financiamiento entre 50 y 100%);
entrada masiva de bienes importados, el enfriamiento de la demanda y
consiguiente caída en las ventas”, dijo el Presidente de APYME
Eduardo Fernández
Atendiendo esta realidad, la Ley que aprobó el Congreso retrotraía
los aumentos recientes al mes de noviembre y los limitaba de acuerdo
con el coeficiente de evolución salarial (en el caso de usuarios
residenciales) y con el Índice de Precios Mayoristas.
“El veloz veto presidencial no sólo ignora la situación de las Pymes,
de los trabajadores, la economía social y los sectores medios cada
vez más perjudicados por una arbitraria transferencia de ingresos
hacia las empresas energéticas. El mensaje del presidente Macri y de
Cambiemos, una vez más resulta apropiado para los mercados y no para
al país, ya que sólo beneficia a un conjunto de empresas
cartelizadas”, sentenció Juan José Sisca, secretario de la
Asociación.
Además se ratifica que los principales ejes de política económica
pasarán por lo acordado en las negociaciones con el FMI, que
profundizarán la tendencia recesiva del entramado productivo
nacional.
APYME llamó al empresariado local, los trabajadores,
cooperativistas, la economía social, pequeños productores
agropecuarios, los estudiantes, profesionales y demás sectores
afectados a pronunciarse y actuar en defensa de la democracia y de
los intereses del conjunto de los argentinos, la industria nacional,
las Pymes, las economías regionales y el empleo.