14/06/2019

FALLO HISTÓRICO PARA LA COMUNA


El Gobierno de la Ciudad tiene 30 días para comenzar con la construcción del nuevo edificio de la escuela, según establece el fallo favorable a los padres de esa comunidad educativa que presentaron un amparo en el 2015.

 


Es que en el 2011 debía comenzar la obra, producto del ingreso que tenía el Gobierno por la venta de los terrenos de Catalinas. Unos 36 colegios dijo comprometerse a construir el Ejecutivo porteño, de los cuales sólo cumplió con 7.

Una ejecución de 22 millones de pesos estaba destinada para los colegios “Jorge Donn” y “Fernando Arranz”, que comparten edificio en Lope de Vega y Magariños Cervantes. Sin embargo, la obra no estaba comenzada y el sitio de la Ciudad la ponía como terminada.

“En ese entonces el subsuelo de la escuela estaba todo inundado, había ratas que estaban haciendo caca donde las chicas bailaban y se tiraban al piso, había muchos problemas con la electricidad y pensando qué podíamos hacer, una madre propuso ir a la Defensoría del Pueblo. Ahí arrancamos, y terminamos en un juzgado contencioso administrativo”, contó Sandra, una de las amparistas.

El amparo tenía dos objetivos. Por un lado, la mejora del edificio actual. Por el otro, la exigencia por cumplir con el compromiso asumido por el gobierno de construir un nuevo edificio en la misma manzana (Lope de Vega y Murature).

La edificación comenzó en el 2016, y el Gobierno volvió a incumplir la fecha de terminación (prevista para junio del 2019) recién se pueden utilizar cuatro aulas que ya revisten inconvenientes: “no se pueden usar porque se despegan los espejos”, denunció Sandra.

El fallo de la jueza Liberatori ratifica que el gobierno está obligado a cumplir con las tareas necesarias tendientes a poner en debidas condiciones la estructura edilicia y las medidas de seguridad de las escuelas Jorge Donn y Fernando Arranz; y a arbitrar todas las medidas necesarias a los fines de la finalización de la nueva obra destinada a la Escuela de Danza Jorge Donn que garantice el derecho a un ambiente y seguro para todos los niños, niñas y adolescentes que asisten a esta institución.

En ese sentido, la jueza le dio al gobierno un plazo de 30 días para que informe y presente documentación sobre los avances de ambas obras, que serán controladas mensualmente.
 

Por Rodrigo Marcogliese

 

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