El Gobierno de la Ciudad tiene 30 días para comenzar con la
construcción del nuevo edificio de la escuela, según establece el
fallo favorable a los padres de esa comunidad educativa que
presentaron un amparo en el 2015.
Es que en el 2011 debía comenzar la obra, producto del ingreso que
tenía el Gobierno por la venta de los terrenos de Catalinas. Unos 36
colegios dijo comprometerse a construir el Ejecutivo porteño, de los
cuales sólo cumplió con 7.
Una ejecución de 22 millones de pesos estaba destinada para los
colegios “Jorge Donn” y “Fernando Arranz”, que comparten edificio en
Lope de Vega y Magariños Cervantes. Sin embargo, la obra no estaba
comenzada y el sitio de la Ciudad la ponía como terminada.
“En ese entonces el subsuelo de la escuela estaba todo inundado,
había ratas que estaban haciendo caca donde las chicas bailaban y se
tiraban al piso, había muchos problemas con la electricidad y
pensando qué podíamos hacer, una madre propuso ir a la Defensoría
del Pueblo. Ahí arrancamos, y terminamos en un juzgado contencioso
administrativo”, contó Sandra, una de las amparistas.
El amparo tenía dos objetivos. Por un lado, la mejora del edificio
actual. Por el otro, la exigencia por cumplir con el compromiso
asumido por el gobierno de construir un nuevo edificio en la misma
manzana (Lope de Vega y Murature).
La edificación comenzó en el 2016, y el Gobierno volvió a incumplir
la fecha de terminación (prevista para junio del 2019) recién se
pueden utilizar cuatro aulas que ya revisten inconvenientes: “no se
pueden usar porque se despegan los espejos”, denunció Sandra.
El fallo de la jueza Liberatori ratifica que el gobierno está
obligado a cumplir con las tareas necesarias tendientes a poner en
debidas condiciones la estructura edilicia y las medidas de
seguridad de las escuelas Jorge Donn y Fernando Arranz; y a arbitrar
todas las medidas necesarias a los fines de la finalización de la
nueva obra destinada a la Escuela de Danza Jorge Donn que garantice
el derecho a un ambiente y seguro para todos los niños, niñas y
adolescentes que asisten a esta institución.
En ese sentido, la jueza le dio al gobierno un plazo de 30 días para
que informe y presente documentación sobre los avances de ambas
obras, que serán controladas mensualmente.