Se aprobó en primera lectura, que las rejas ubicadas en Plaza de
Mayo queden fijas. Aparecieron por primera vez en Diciembre del
2001, y en 2018 cuando se remodeló el espacio verde el Gobierno de
la Ciudad pensó en dejarlo permanente para “preservar un patrimonio
histórico de la Ciudad”.
"Se permite la instalación de un cerco de seguridad (reja) emplazado
de modo transversal desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia,
por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles
Defensa y Reconquista", dice el proyecto aprobado este jueves por la
Legislatura porteña para legalizar el enrejado metálico ya existente
en la Plaza de Mayo.
Dicho texto se incorporará al Código Urbanístico de la Ciudad de
Buenos Aires como un nuevo inciso de las especificaciones referidas
a la Plaza de Mayo, en el apartado de Áreas de Protección Histórica
(APH1). Para ello, primero deberá discutirse la iniciativa en
Audiencia Pública y luego, en segunda lectura, votarse su sanción
definitiva. Lo debatido y aprobado hoy en primera lectura fue un
despacho de mayoría de la comisión legislativa de Planeamiento
Urbano, que preside Victoria Roldán Méndez (VJ), en base al proyecto
enviado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Unidad Ciudadana,
a instancias del legislador Javier Andrade, presentó un despacho en
minoría para pedir el archivo del proyecto oficial.
Los vallados de seguridad aparecieron en ese paseo emblemático de la
argentinidad a fines de 2001 y comienzo de 2002, como contención
metálica inicialmente precaria para protección de la sede
gubernamental durante manifestaciones populares. En los siguientes
años las vallas se ampliaron, aferraron, soldaron y/o cementaron;
incluso en 2013 se colocó una reja.
En 2018 la Jefatura de Gobierno inauguró importantes remodelaciones
en la plaza, entre ellas la colocación de una reja permanente con
portones para permitir o restringir el ingreso a la mitad de la
plaza más próxima a la Casa Rosada, ya fuere para peatones o para
vehículos que deban transitar por las calles Yrigoyen o Rivadavia.
Por acción de una ONG que presentó un recurso de amparo, el Juzgado
de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Nro. 8, a cargo del juez Osvaldo Otheguy, declaró ilegal a
ese cerco por no haber sido autorizado por ley, ya que se trata de
un Área de Protección Histórica Específica.
La norma en debate que obtuvo su primera aprobación, busca resolver
la legalidad de las adecuaciones realizadas por el Gobierno de la
Ciudad, dejando taxativamente autorizada la instalación de ese cerco
e incorporando el plano de las rejas al Atlas del nuevo Código
Urbanístico.
"La instalación del cerco de seguridad aludido tiene por objeto
proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público
urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la
seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada", consigna el
dictamen de mayoría de Planeamiento Urbano, parafraseando los
fundamentos de la Jefatura de Gobierno de la CABA.
El oficialismo metropolitano explicó que "se contempló la
instalación de un cerco dispuesto transversalmente a cargo del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, por solicitud
de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. En la actualidad,
consta de un sistema de rejas compuestas por columnas y paños que
conservan y respetan el estilo de aquellas que rodean la Casa
Rosada. El sistema es estático y manual en cuanto a su
funcionamiento y, a diferencia de las vallas, permite ser
parcialmente desmontado".
El proyecto llegó al recintos de sesiones acompañado por los
informes técnicos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; una
nota del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, "que presta
conformidad con el proyecto, entendiendo las circunstancias de
coyuntura que propician su necesidad", y sendos dictámenes del
Consejo del Plan Urbano Ambiental y de la Comisión Especial de
Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico.
La Plaza de Mayo, es parte del “Eje cívico institucional de la
Ciudad” -Distrito APH1- y fue protegida como Lugar Histórico
Nacional en 1942 a través del Decreto N° 122. 096/42.
La Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos
objetó la instalación de la reja expresando que “implica una
división física permanente que fragmenta la lectura integral de este
espacio público” y la colocación de “elementos permanentes es
contrario a la preservación patrimonial, cultural y social de este
ámbito urbano tan significativo”. Por su parte, el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales, el 30 de octubre de 2018, basó sus argumentos
en cuestiones de seguridad y no se expidió en términos
patrimoniales.
Se trata de la primera excepción que se vota del Código Urbanístico
aprobado a fines del año pasado modificando el Área de Protección
Histórica N° 1 -APH1.
En el debate, Andrade (UC) y María Rosa Muiños (BP) señalaron las
objeciones de la Comisión Nacional de Monumentos y otras
consideraciones técnicas y políticas para oponerse. También se
sostuvo que todo el proyecto de remodelación de la plaza, que es un
patrimonio histórico, debería haber sido debatido en la Legislatura.
Inés Gorbea (Ev) consideró que estos temas deberían ser sometido a
acuerdos políticos, por lo que criticó la actitud oficial de tomar
decisiones inconsultas. También hablaron con cuestionamientos y
expresiones de rechazo al proyecto, Roy Cortina (PS), Sergio
Abrevaya (Gen), Fernando Vilardo (AyL), Laura Marrone (IS) y Gabriel
Solado (FIT).
La presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán
Méndez (VJ), fundamentó al inicio los argumentos del gobierno local
y Hernán Reyes (VJ) cerró el debate sosteniendo que "el contexto
actual hace que necesitemos esa protección en la Plaza de Mayo, que
es reversible, móvil, preserva el patrimonio y a la vez es
compatible con el pedido de la Casa Rosada por razones de seguridad.
Instalar las rejas fue una decisión inteligente", concluyó.
La aprobación en primera lectura se obtuvo con los 33 votos del
bloque oficialista Vamos Juntos, contra 24 votos negativos de todos
los legisladores de la oposición.