Marcela Basterra logró que su apellido deje de ser ajeno a la
política y pueda llegar a ingresar en la historia del Poder Judicial
de la Ciudad, si finaliza el promisorio traspaso al ámbito porteño
durante su presidencia en el Consejo de la Magistratura. En esta
nota habla de la voluntad para lograr una autonomía total, y se
define como una académica que basa su gestión en la transparencia y
el diálogo.
No recuerdo un Presidente del Consejo de la Magistratura que no haya
sido nombrado desde la Legislatura...
Yo accedo al Consejo en representación de los abogados. Integré la
fórmula en la que ingresamos dos abogados por la mayoría, y además,
uno entró por la minoría. Es verdad que para llegar a estos lugares
normalmente se necesita de un empuje político, pero es tan cierto
como que ganamos esas elecciones sin problemas, y que me considero
más bien una académica. Me referencio en que soy constitucionalista
desde que era estudiante ayudante a los 21 años, soy profesora en
muchas universidades y tengo varias obras escritas, no soy la
política clásica y entiendo que el Consejo nunca tuvo una persona
con estas características en la presidencia.
¿Cómo se logra el consenso entre miembros que llegan desde distintos
espacios políticos?
Las distinciones podrían ser por las distintas personalidades que
tienen nueve individuos, y eso siempre implica diferencias. Pero las
distinciones no son cortadas por el partidismo político, al
contrario, tenemos una excelente relación porque se trata de gente
madura y super trabajadora. A mi entender, el sistema en la Ciudad
es muy bueno teniendo en cuenta que es un poder que tiene apenas 20
años.
¿Cuáles son los ejes que se propone en su gestión?
Uno no puede dejar de ser quien es, y yo te decía que vengo de un
extracto académico que me hace imposible no querer lograr acuerdos
con Universidades, por ejemplo, en cuanto a intercambios o formación
de experiencias, y perfeccionamiento. En cuanto al tema de la
transparencia y acceso a la información pública, vamos camino a
ello, fíjate que se sancionó el año pasado la Ley Nacional de Acceso
a la Información Pública (N° 27275), y además se reformó la N° 104
de la Ciudad. No solamente se refieren a la transparencia en materia
de brindar información a alguien que lo requiera, sino una
transparencia activa y con datos abiertos, es decir, subir a un
portal de alcance público todo nuestro trabajo.
Me llamó la atención una columna que escribió en un diario acerca
del sistema electoral...
Pienso que nos debemos una reforma política porque los paises mas
modernos tienen voto electrónico o boleta única. En su momento la
gran estrella fue el voto electrónico que en la Ciudad y en Salta se
trabajó e implementó muy bien. Algunos lo cuestionaron y propusieron
la boleta única, que también dio buenos resultados en Santa Fe. De
manera que sea una u otra, lo cierto es que no podemos seguir
teniendo el sistema de boletas separadas, o tener a los fiscales
pendientes todo el tiempo del robo de boletas, o demás cuestiones
que dificultan el ejercicio pleno de la democracia, ni tampoco en la
demora de los resultados. Nos debemos como Argentinos cambiar el
sistema electoral que es un sistema de 1912, cuando se sancionó la
Ley Sáenz Peña.
¿Qué significa el traspaso judicial a la Ciudad?
Es un punto neurálgico porque el traspaso implica que se cumpla lo
que indica la Constitución, la plena autonomía del Ejecutivo,
Legislativo y órgano judicial porteño. Las dos primeras se dieron
dos años después de su sanción, en 1996. Pero pasaron 20 años y
nunca se pudo concretar el traspaso de la justicia nacional en la
Ciudad. La Constitución Nacional habla de jueces federales y
locales, y no de nacionales. La justicia nacional sirvió bien a
principio de siglo pasado, pero ahora no tiene ningún sentido
mantenerla.
¿Qué resta para terminar de llevarlo a cabo?
Comenzamos el traspaso con el acuerdo firmado el 19 de enero de este
año, entre el Presidente de la nación y el Jefe de Gobierno de la
Ciudad, y luego se aprobó en la Legislatura el traspaso progresivo,
muy preparado. El convenio indica que se transfieren 49 estructuras
vacantes con su personal, hablamos de no más de 360 personas. Otro
convenio es de Relaciones del Consumo que sólo estaba creada la Ley
con la competencia, pero hay que reglamentarla de foja cero porque
no hay ningún tribunal nacional de ello. También se transfiere la
Inspección General de Justicia, y del Registro de Propiedad del
Inmueble. Sólo resta la aprobación del Congreso nacional que
esperamos tener novedades no bien comience el ciclo de sesiones
ordinarias el año que viene en el parlamento.
¿En qué se basa la reticencia que les plantean?
Creo que el estar en contra del traspaso no tiene que ver con una
cuestión política, sino que las asociaciones nacionales no quieren
el cambio y se resisten a ello. Es natural. Lo que se objeta no lo
comparto, sostienen que los jueces nacionales tienen un sueldo mayor
que los de la Ciudad, pero se va a nivelar para arriba cuando se
realice el traspaso tal cual lo indica la Ley. En algunos puntos hay
desconocimiento, por ejemplo nos preguntan qué va a pasar con la
obra social, y en verdad, nosotros desde siempre tenemos la misma
que usan en la Nación. Además, nosotros tenemos un convenio
colectivo con más beneficios que los que tiene la justicia nacional.
Ya que hace mención del Convenio Colectivo, ¿Cuál es su relación con
las organizaciones gremiales judiciales?
Con los sindicatos tenemos una muy buena relación y nos reunimos
todos los meses por la Comisión Interpretadora del Convenio
Colectivo, hay demandas que no se pueden satisfacer como otras que
sí. Son personas muy respetuosas siempre abiertas al diálogo.
Si esta nota la hiciéramos dentro de un año, ¿Cómo espera finalizar
su mandato?
De darse la completa autonomía va a ser algo histórico, que traerá
mayor trabajo y dificultades pero estamos preparados para que
suceda. Sería el tema más importante, y si pudiera irme a fines del
2018 con el traspaso realizado y encaminado me iría plena y feliz.