La vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad en Diputados,
Gabriela Troiano, expresó su reclamo por las contradicciones que se
manifiestaron en materia de políticas públicas.
“El proyecto que presentamos es para pedir la derogación del decreto
432 del año 1997 que establece condiciones y requisitos ridículos
para que una persona con discapacidad acceda a una pensión, violando
la convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad que en nuestro país tiene jerarquía constitucional”,
aseguró Troiano.
Como vicepresidenta de la Comisión ¿Qué puede comentar de esta
noticia que salió sobre la baja de pensiones por discapacidad?
Con este tema venimos trabajando hace ya dos semanas. Hemos
presentado pedido de informes ante la Cámara de Diputados. El jueves
tuve una reunión con presidente de CONADI planteándole la necesidad
de que se pusiera a la cabeza de la defensa de este tema. El viernes
mandamos un comunicado exponiendo que era una barbaridad la que se
estaba asimilando con las pensiones a personas con discapacidad,
como si fuesen indigentes. Y se le aplicaba ese Decreto 432 y las
personas con discapacidad no necesariamente tienen que ser
indigentes, lo que sí tienen necesidades diferentes a otros.
Entonces esto fue el proceso que se dio.
En vista de que tenemos la ley que establece a la Convención
internacional para personas con discapacidad, como rango
constitucional, aceptamos en su preámbulo como en el artículo IV lo
que se plantea acerca de que el Estado debe tomar estas cuestiones
económicas y garantizar el cumplimiento de las pensiones. Entonces,
no se puede aplicar este decreto que tiene un rango mucho menor
porque es la reglamentación de una Ley que está por debajo de la
Constitución.
Desde el año 2014 no corresponde. Ya es un derecho adquirido para
las personas con discapacidad. Eso es parte de un ajuste que creo
que es ilegal que no han tenido en cuenta la normativa vigente, a
pesar del lanzamiento del plan nacional de discapacidad y la
solicitada que vimos hoy de la Presidencia de la Nación en este
sentido, conceptos con los cuales uno puede acordar, pero la verdad
es que se contradice con las acciones que ejecuta el Gobierno que
están tomando en política pública.
¿A qué personas se les fueron quitando esas pensiones, cuál fue el
argumento?
El decreto que reglamenta esas pensiones (el 432) dice que no son
indigentes aquellos que tienen una vivienda, un auto, que en la
familia hay una persona que cobra un sueldo. Las personas con
discapacidad que tienen un auto para movilizarse, es porque lo
necesitan. Después la pensión oscila entre 4 mil y 7 mil pesos, y la
mayoría de los que se las sacaron son las de 4 mil .
Estos 4 mil pesos, si vos no tenes vivienda, cómo haces para
alquilar, vivir, hacerte los estudios, tomar los medicamentos, es
una cosa de locos.
Nosotros veníamos trabajado el tema porque las organizaciones de
Discapacidad y el movimiento en sí, venían reclamando que se aumente
el monto de la pensión ya que era insuficiente y ahora toman la
resolución de sacarla. Fue una explosión.
Soy autora de un proyecto de una pensión para personas con
discapacidad en función de adecuar la normativa después de la
Convención, hay varios proyectos en la Cámara de Diputados porque
esto le otorga un derecho y no quedan al descubierto con estas
pensiones por indigencia que termina por un mal criterio de un
funcionario de turno eliminándose sin hacer previamente un estudio
socio ambiental porque es una condición humanitaria.
¿Por qué crees que el gobierno esté llevando esto a cabo?. ¿Tiene
que ver con reducir el déficit fiscal?
Creo que tiene que ver con el ajuste que vienen haciendo también con
las tarifas, pero en este caso es contradictorio, porque CONADI
recién termina de ejecutar en mayo de este año el presupuesto del
2015, todavía no ejecutó ni 2016 ni 2017, hay cuestiones que llaman
la atención poderosamente. De todas maneras, ellos tienen que
arbitrar los medios necesarios mientras por un lado les quitan las
pensiones a personas con discapacidad, por otro lado les dan
subsidio millonario a las personas de transporte y no reclaman la
accesibilidad de ese servicio. Es todo incongruente.
Hay una resolución del Ministerio de Economía de febrero de este año
que es el Decreto 43, donde le dan subsidios a las empresas de
transporte argumentando que con los vuelos a bajo costo están
perdiendo dinero. Solo ocupan 24 de los 54 lugares que tiene un
micro, sin embargo, a partir de diciembre entró en vigor también el
decreto de la década del ’90 donde restringen a una persona con
discapacidad por micro por acompañante. Son cosas inentendibles.
Finalmente la diputada Troiano se refirió a la necesidad planteada
en la reunión con el director de la CONADI de que se revea el
decreto 118 y la aplicación del 432. Lo denuncié vía facebook con el
caso del chico cuadripléjico de Rosario al que le quitaron la
pensión nacional y explotó el caso en las redes.