La creación del Instituto Universitario de Seguridad y Ciencias
Jurídicas fue despachado por las comisiones de Seguridad, Justicias
y Ciencias Jurídicas. Esto se suma al dictamen que obtuvo el Sistema
Integral de Seguridad Pública.
El Sistema integral de seguridad pública de la Ciudad de Buenos
Aires establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales
en lo referente a su composición, misión, función, organización,
dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases
jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública. El
proyecto de ley consta de 476 artículos contenidos en ocho libros.
El Libro I constituye el marco general del sistema, y destaca la
conducción civil. Crea la Oficina de Transparencia y Control Externo
de la Policía de la ciudad como órgano desconcentrado dependiente
del Ministro de Justicia y Seguridad.
El Libro II propone la creación de la nueva Policía de la Ciudad de
Buenos Aires derivada del Convenio de transferencia progresiva de
facultades y funciones de seguridad en todas las materias no
federales ejercidas en la ciudad firmado en enero pasado con La
Nación que involucra a casi 20.000 efectivos de la Policía Federal
Argentina.
El Libro III crea el Cuerpo de Bomberos de carácter civil,
jerarquizado profesionalmente y auxiliar de la fuerza pública como
dependencia de la Subsecretaría de Emergencias y en colaboración con
el cuerpo de bomberos voluntarios y el personal de seguridad
privada.
El LIbro IV regula al Instituto Superior de Seguridad Pública - ISSP-
creado en el año 2008. El
Libro V crea la Obra Social del Personal de Seguridad Pública -OSPeSe-
que reemplazaría a la actual Obra Social del Personal Metropolitano
creada por Ley N° 2894 y regulada por Decreto N° 259/09.
El Libro VI regula prestación de los servicios de seguridad privada,
vigilancias, custodias y seguridad de personas y bienes, por parte
de personas humanas o jurídicas privadas o públicas.
El Libro VII crea el Sistema Público Integral de Video Vigilancia de
la Ciudad de Buenos Aires y regula la utilización, por parte del
Ejecutivo, de las videocámaras destinadas a captar y grabar imágenes
en lugares públicos y de acceso público y su posterior tratamiento,
estableciendo el régimen de garantías de los derechos fundamentales
y libertades públicas de los ciudadanos.
Finalmente, el Libro VIII incorpora la regulación del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a fin de garantizar su
efectiva integración al Sistema, articulado con el Consejo de
Seguridad y Prevención del Delito en los términos de la Ley 1689. El
proyecto además propone 26 cláusulas transitorias.
Por su parte, la creación del Instituto Universitario de Seguridad y
Ciencias Jurídicas -IUSYCJ-, con jurisdicción en la ciudad de Buenos
Aires y con oferta académica circunscripta al área disciplinar de la
Seguridad y las Ciencias Jurídicas. Sería la primera institución
universitaria pública desde la autonomía.
El proyecto, de seis artículos y uno de forma, autoriza al Ejecutivo
a transferir el actual Instituto Superior de Seguridad Pública
creado por Ley N° 2894, texto consolidado por la Ley N° 5454.
El nuevo Instituto tiende a atender una doble articulación: al
Sistema Integral de Seguridad Pública y al Sistema Universitario
Nacional por lo que contará con los atributos necesarios para dar
cumplimiento con lo pautado en la Ley 24.521, con carreras cuyos
títulos cuenten con reconocimiento y validez nacional. Estará
radicado en la ciudad de Buenos Aires donde funcionan actualmente 43
instituciones universitarias y participará del CPRES Metropolitano
integrando la articulación de la educación superior con mayor
cantidad de instituciones universitarias, donde subsisten 61
instituciones académicas de este tipo.
Además, están en tratamiento conjunto de las comisiones los
proyectos de ley orgánica de la Policía de la Ciudad, la creación
del Mapa del Delito, la modificación del artículo 5 del título II de
la Ley N° 1913 referido a los prestadores de la seguridad privada,
otro vinculado al sistema de descentralización de denuncias y otro
referido a la creación del sistema integrado de información y
estadística criminal.
